Las agresiones policiales en este país –desde la otrora– siempre ha sido una especie de tema tabú entre la sociedad venezolana y las autoridades gubernamentales competentes. Comenzando el presente año 2011, un reportero gráfico del Diario El Norte, de Barcelona, denunció a viva voz la golpiza que le propinaron agentes de la Policía de Freites cuando estaba cubriendo actos de la elección de la reina de la Feria de Cantaura. Por supuesto, nada pasó. La alcaldesa Evelyn de Barreto hizo caso omiso a las quejas y denuncias del reportero, según reseña del diario oriental El Tiempo. Un caso similar de indisciplina policial se dio en Barinas, con el joven representante de JAVU, Lorent Saleh, quien fue brutalmente golpeado y ultrajado por funcionarios policiales de ese estado, todo por ejercer su derecho a protestar libremente contra la injusta detención de dirigentes políticos. ¿Fueron sancionados verdaderamente estos salvajes funcionarios? No. Los medios de comunicación social jamás registraron ninguna medida que tuviera índole reprobatoria hacia estos individuos formados para proteger, no para destruir.
Pues, ahora lo nuevo: muertos tres detenidos en los calabozos policiales de El Rosal. El Gobierno Nacional decidió el pasado 6 de junio intervenir a la policía científica a modo de “asistencia técnica”, mediante medida dictada por el Ministerio de Interior y Justicia, con el fin de “limpiar” el cuerpo policial e investigar “a fondo” la situación en la que murieron los tres reos. La versión oficial afirma que dos de los reos fallecieron por una sobredosis en el consumo de drogas, y que el otro reo restante falleció por una fractura craneal producto de una caída, pero familiares y organismos de derechos humanos sospechan de agresión policial, de ahí viene la intervención del CICPC por parte del Gobierno.
La principal duda con respecto a este caso de presunta agresión policial es: ¿Por qué se involucra el Gobierno Nacional en éste caso, precisamente? Es decir, según cifras oficiales, en 2010 murieron 476 reos en Venezuela y la mayoría quedó sin expediente, sin investigación post mortem más allá de la necesaria y rutinaria. El Gobierno Nacional liderado por el presidente Chávez sabe que su gestión es considerada una de las que menos a practicado el término “justicia” y prueba de ello son todos aquellos asesinados y agredidos que se nombraron anteriormente y la otra parte de agredidos no visibles por los medios de comunicación que no por eso dejan de existir en la realidad violenta venezolana. Esta especial inclusión en el caso de los tres muertos en el calabozo de El Rosal puede tomarse como un “acto” más de la campaña electorera del Presidente para convertir –en la medida de lo posible e imposible– su imagen hacia un gobierno de justicia social y penal. Cosa que sólo es creíble de estar ciega y sorda toda la sociedad venezolana.
